En el mundo de la traducción jurídica, es común encontrar referencias, manuales y glosarios provenientes de países como Argentina, España, México o Colombia. Después de todo, comparten con Chile una misma lengua y una tradición jurídica común basada en el Derecho romano-germánico. Sin embargo, esta cercanía puede ser engañosa. Traducir documentos jurídicos chilenos utilizando terminología o criterios forjados en otros países hispanohablantes puede llevar a errores significativos. La razón es simple: aunque el idioma sea el mismo, el Derecho no lo es.

El espejismo del “español jurídico universal”

A primera vista, conceptos como sentencia firme, apelación, auto o amparo parecen universales en el ámbito hispanoparlante. No obstante, su contenido legal puede variar sustancialmente según el país.

Por ejemplo, el recurso de amparo en Argentina funciona como una acción rápida y eficaz para proteger derechos constitucionales, mientras que en Chile esa función recae en el recurso de protección, con un procedimiento y alcance distintos. Traducir uno como si fuera el otro puede tener implicancias jurídicas serias.

Chile y su terminología jurídica propia

El sistema judicial chileno ha desarrollado figuras e instituciones únicas que no siempre tienen equivalentes directos en otros sistemas jurídicos. Expresiones como conservador de bienes raíces, juzgado de garantía, recurso de amparo o recurso de casación en el fondo tienen características procesales y roles particulares dentro del Derecho chileno. Traducir estos conceptos sin comprender su función real puede derivar en términos vagos, imprecisos o directamente erróneos.

Además, existen matices incluso en el uso de términos compartidos. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento puede tener requisitos legales distintos en Chile que en España, lo que afecta directamente la redacción de cláusulas y la interpretación contractual.

Diferencias procesales difíciles de detectar

No todos los errores son léxicos. Las diferencias en los procedimientos judiciales también representan un obstáculo mayor para la traducción. El juicio ejecutivo, el proceso monitorio, el procedimiento abreviado o incluso las etapas de un proceso penal pueden variar no solo en su estructura formal, sino también en su espíritu jurídico.

Esto influye directamente en cómo deben traducirse actas, resoluciones, autos, notificaciones, entre otros documentos. Un traductor que se limite a buscar equivalencias terminológicas sin estudiar los fundamentos del procedimiento corre el riesgo de ofrecer una traducción que “suena bien”, pero que resulta jurídicamente incorrecta.

El problema de los materiales de referencia extranjeros

La mayoría de los glosarios jurídicos disponibles en línea, cursos de especialización o manuales de traducción jurídica están elaborados desde la perspectiva del Derecho español, argentino o mexicano. Si bien pueden ser herramientas valiosas y un punto de partida útil para el derecho comparado, utilizarlos de forma automática para traducir textos legales chilenos es un error frecuente.

Estos materiales reflejan estructuras jurídicas, usos lingüísticos y contextos procesales que muchas veces no aplican al sistema chileno. Incluso figuras centrales —como la actuación de los notarios o las etapas del juicio oral— presentan diferencias notables que deben considerarse para una traducción precisa.

Formación jurídica: un requisito, no una opción

Para traducir correctamente textos jurídicos chilenos, no basta con dominar el idioma ni con ser traductor profesional. Es fundamental tener conocimientos concretos del Derecho chileno: su terminología, sus instituciones, sus procedimientos y sus fuentes formales.

El traductor jurídico debe desarrollar competencias comparativas, entender qué parte del sistema chileno puede —o no puede— encontrar eco en el sistema de destino. Esto implica una lectura crítica de los documentos, constante actualización normativa y una mirada analítica capaz de identificar no solo lo que el texto dice, sino cómo y por qué lo dice.

Por esta razón, además de una sólida formación en Derecho chileno, es crucial contar con conocimientos en derecho comparado. Esto permite analizar otras tradiciones jurídicas con una mirada crítica, identificar puntos de convergencia y divergencia, y adaptar cada traducción al contexto adecuado, tanto en traducciones directas como inversas.

Conclusión: traducir Derecho chileno requiere más que buena voluntad

En el contexto jurídico, los errores de traducción pueden tener consecuencias legales graves. Por eso, usar material extranjero sin adaptarlo al contexto chileno no solo es inapropiado, sino potencialmente perjudicial. El español jurídico no es homogéneo, y cada país —Chile incluido— ha desarrollado un vocabulario, una lógica procesal y una tradición normativa propia.

La buena traducción jurídica no es literal ni se basa en intuiciones o equivalencias aproximadas. Es una labor especializada, que exige precisión terminológica, comprensión del marco jurídico nacional y capacidad de análisis intercultural. Muchas veces, incluso, es necesario crear equivalencias funcionales en el mismo momento, porque no existen términos adecuados para traducir de forma directa.

Finalmente, es clave tener presente la finalidad de la traducción: en algunos casos basta con transmitir una comprensión general; en otros, los matices son vitales. La clave está en saber discernir cuándo una diferencia es meramente formal y cuándo puede cambiar el sentido jurídico de todo un documento.